Hace un año, con el veredicto de la jueza federal Zunilda Niremperger de Resistencia, Chaco, culminaba el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí. En la sentencia, se reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre indígena, al considerar que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas, y se ordenó una serie de medidas reparatorias destinadas a las comunidades de los pueblos Qom y Moqoit.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apoyó la realización de este juicio y prestó activa colaboración para la celebración de alguna de las audiencias en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” en el predio de la exESMA. Además, elaboró un informe histórico que presentó en la causa, que reconstruye el proceso represivo y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, agentes judiciales y funcionarios en los hechos y en el encubrimiento posterior.

Desde el dictado de la sentencia, se conformó una Mesa Ejecutora que se encuentra trabajando intensamente en el cumplimiento de la totalidad de las reparaciones ordenadas. Además del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la mesa está integrada por el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, el Instituto del Aborigen Chaqueño, la Fundación Napalpí y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Tanto la realización del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí como la conformación de la Mesa Ejecutora fueron dos aspectos de la política de derechos humanos del Estado argentino reconocidos recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 2022.
Como parte de las tareas desarrolladas por la Mesa Ejecutora, se logró avanzar en el cumplimiento del punto 6a de la sentencia, que entre las diversas reparaciones dispuso la publicación de la sentencia y sus traducciones en las lenguas Qom y Moqoit, material que ya se encuentra disponible para su descarga en argentina.gob.ar/derechoshumanos

Asimismo, se están llevando adelante talleres de capacitación para todas las fuerzas federales sobre el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y sobre los hechos históricos que fueron probados en el marco del juicio.

Se está trabajando también en la elaboración de materiales didácticos para ser incluidos en los diseños curriculares de los niveles primario, secundario y terciario; y se está desarrollando la etapa de clasificación de material para la construcción de un reservorio y archivo digital sobre la Masacre.
Por su parte, el Gobierno del Chaco tiene proyectado un Plan de Urbanización de Colonia Aborigen que fue presentado en una Audiencia Pública a la comunidad en 2022, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se encuentra proyectando una segunda etapa de trabajo de búsqueda de fosas comunes.

El Juicio
Este fue el primer juicio oral en investigar como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos contra comunidades indígenas. Fue un Juicio por la Verdad ya que, por tratarse de hechos que ocurrieron hace casi un siglo, no había imputados con vida a quienes juzgar.

El debate comenzó el 19 de abril y se desarrolló durante 7 audiencias, la mayoría en la ciudad de Resistencia, pero también se trasladaron a la localidad de Machagai, cercana a Napalpí, y al Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”.

En las primeras jornadas se escucharon los relatos grabados de sobrevivientes y los testimonios de sus descendientes, hijos, hijas, nietos y nietas. A través de esas narraciones se logró reconstruir cómo se vivía en la reducción de Napalpí, donde las comunidades indígenas estaban en condiciones de casi esclavitud, sin libertad de trabajo ni de movimiento.

Las voces de sobrevivientes y sus descendientes permitieron conocer los hechos que ocurrieron ese 19 de julio de 1924, cuando un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a unas 400 personas que protestaban por las condiciones laborales y de vida.

Una gran parte de los testimonios fueron de especialistas e investigadores, quienes repasaron el funcionamiento de la reducción y su objetivo disciplinador, y cómo se planificó y ejecutó la masacre por parte del Estado. Se refirieron además al carácter genocida de los crímenes perpetrados contra las comunidades y cómo fueron luego perseguidos y silenciados para garantizar la impunidad.

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