La Unidad Ejecutora de la sentencia por la masacre de Napalpí, de la que es parte la Secretaría de derechos Humanos de la Nación, presentó a la justicia federal de Chaco los avances logrados hasta el momento en el cumplimiento de las medidas reparatorias ordenadas en el histórico juicio por la verdad.
Entre los logros más destacados de este segundo informe de gestión se encuentran la capacitación a fuerzas de seguridad nacionales y provinciales sobre el respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas; la reanudación del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) donde se cometió la masacre y la difusión de la sentencia tanto a nivel nacional como internacional.

En el veredicto dictado en mayo de 2022, la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger ordenó una serie de medidas al Estado nacional y a la provincia de Chaco para garantizar la reparación a las víctimas de la matanza indígena de 1924 y la no repetición de esos crímenes.

Para llevarlo adelante, se constituyó la Unidad Ejecutora que fue conformada por integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos nacional y de Chaco, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Chaco, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de la Fundación Napalpí y del Instituto del Aborigen Chaqueño.

Una de las medidas ordenadas en el fallo fue la difusión de la sentencia, que fue publicada en las páginas web del Estado, particularmente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y los fundamentos fueron impresos y distribuidos por la provincia de Chaco en las comunidades indígenas locales.

La sentencia fue también comunicada a organismos internacionales, como la relatoría de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Comisión de Pueblos Indígenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En materia de formación, los ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia de Chaco realizaron jornadas de reflexión y capacitación para las fuerzas de seguridad centradas en el abordaje de los casos de violencia hacia los derechos de los Pueblos Indígenas y, específicamente, en la Masacre de Napalpí. La provincia, además, elaboró un manual de "Derechos de los Pueblos Originarios e intervenciones policiales desde una perspectiva intercultural".

También se avanzó con la inclusión de la temática en la curricula escolar nacional y de la provincia, donde produjeron recorridos didácticos para abordar la Masacre de Napalpi para cada uno de los niveles obligatorios del sistema educativo chaqueño.

El EAAF, que ya había realizado excavaciones en el área de la masacre, retomó la tarea entre agosto y septiembre de 2023 y logró completar los trabajos en colaboración con la comunidad y diferentes áreas nacionales y provinciales. El organismo consideró viable continuar con los trabajos de búsqueda de fosas en función de la posibilidad de obtener nuevos datos históricos sobre probables sitios de entierro o de la aplicación de otras estrategias de prospección y excavación arqueológica.

El juicio por la verdad por la masacre de Napalpí fue el primero en investigar como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos contra comunidades indígenas que ocurrieron hace casi un siglo.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apoyó la realización del juicio como parte del proceso de reconocimiento del genocidio cometido contra los pueblos originarios y la búsqueda de reparación a las víctimas, sus familias y comunidades, y luego integró la Unidad Ejecutora para dar cumplimiento a la sentencia.