El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, suscribió hoy dos nuevos acuerdos de cumplimiento de recomendaciones en casos en trámite ante la CIDH relativos a la provincia de Buenos Aires. Se trata de los casos de Elizabeth Canelo Castaño y Pablo Rafael Galván.

La firma de estos acuerdos se enmarca en una política inédita de soluciones amistosas y reparación a las víctimas en la República Argentina que se viene desarrollando desde el inicio de la actual gestión de la Secretaría. En concreto, hasta 2019 se habían firmado 25 acuerdos de solución amistosa y 3 de cumplimiento de recomendaciones. En los últimos 3 años, se firmaron otros 27 acuerdos de solución amistosa y 10 de cumplimiento de recomendaciones, que se pueden consultar en la web de la Secretaría de Derechos Humanos

Los casos

En el caso de la señora Elizabeth Canelo Castaño, el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por no haber prevenido su muerte en función del déficit de calidad, disponibilidad y accesibilidad de la asistencia en materia de salud mental que le ofreciera el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) durante su privación de la libertad en la Unidad n° 8. También por la imposición de un castigo que, en sus circunstancias particulares, resultó violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El Estado además acepta su responsabilidad internacional por no haber garantizado una investigación integral sobre su muerte, ocurrida en 2006. El proceso de diálogo que derivó en la firma de este acuerdo involucró un trabajo conjunto con el Grupo de Mujeres de la Argentina - Foro de VIH mujeres y familia, que representa a las víctimas del caso.

El acuerdo establece diversas medidas de reparación en cabeza del Estado Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Así, entre los compromisos asumidos, se encuentran la actualización del Protocolo de Abordaje de Conductas de Riesgo Suicida del SPB y la realización de capacitaciones periódicas sobre su aplicación; la profundización de los programas destinados a mujeres privadas de su libertad en la Provincias de Buenos Aires y la elaboración de pautas mínimas para la investigación judicial de suicidios ocurridos en contexto de encierro.

Por otra parte, el caso del señor Pablo Rafael Galván involucra la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la revisión judicial en los términos del artículo 8.2.h de la Convención Americana. El proceso de diálogo que derivó en la firma de este acuerdo involucró un trabajo conjunto con la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representan al señor Galván ante la CIDH, para el desarrollo, entre otras medidas, de un anteproyecto de ley que procura adecuar los alcances del recurso de casación a los estándares interamericanos.

La concreción de ambos acuerdos es posible gracias al compromiso de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, que trabajaron junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para alcanzar los consensos necesarios para la reparación integral de las víctimas.

Los acuerdos de solución amistosa o de cumplimiento de recomendaciones son mecanismos que permiten resolver denuncias ante los órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos mediante consensos entre la parte peticionaria y el Estado. Estos acuerdos permiten la reparación concreta de víctimas de violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, el impulso de medidas y políticas de trascendencia institucional.