La justicia de Italia concedió la extradición del ex capellán militar de San Rafael Franco Reverberi Boschi, quien se encuentra acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Mendoza. La decisión fue impulsada por el Estado argentino, a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN), para poder juzgarlo en el país por esos delitos.

Reverberi Boschi fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y es investigado por hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales locales. Huyó del país en 2011, cuando se realizó en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad y los testimonios de sobrevivientes y familiares comenzaron a señalar su responsabilidad.

En 2013 se realizó el primer pedido de extradición, pero la justicia italiana lo rechazó porque la acusación sólo incluía las denuncias de torturas, delito que no es imprescriptible en ese país. A partir de nuevos testimonios reunidos en las causas de Mendoza, se logró ampliar la acusación para incluir su participación en secuestros, tormentos y el homicidio de José Berón, quien permanece desaparecido.

En los últimos años, el Estado argentino, a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos, comenzó a darle un nuevo impulso al pedido de extradición y se presentó como parte interesada del proceso.

El secretario Horacio Pietragalla Corti viajó el año pasado para reunirse con los fiscales del caso y la Secretaría envió, además, los informes realizados sobre las unidades penales de Ezeiza y de Campo de Mayo para acreditar que esas unidades penitenciarias tienen las condiciones adecuadas para alojar a personas de edad avanzada y con problemas de salud.

En marzo pasado, la Cámara de Apelaciones de Bolonia volvió a rechazar la extradición, pero, a partir de un recurso interpuesto por el representante del Estado argentino, el 30 de junio la Corte Suprema de Casación italiana le ordenó emitir un nuevo fallo teniendo en cuenta las pruebas que no había analizado. En la misma resolución, también modificó su jurisprudencia. Así, a partir del trabajo de la Secretaría, junto a organizaciones de la sociedad civil italiana, se logró que la justicia italiana, que hasta el momento sólo concedía extradiciones por casos de homicidio, considerara que las torturas también son parte de los crímenes de lesa humanidad y en consecuencias extraditables.

A través de la SDHN, el Estado argentino también impulsa en Italia un pedido de extradición contra el exmilitar Carlos Malatto, acusados por crímenes de lesa humanidad contra más de 100 personas en San Juan y colabora en la causa que familiares de víctimas iniciaron en Italia contra el represor y busca constituirse como querellante en un futuro juicio oral. Además, es parte querellante en el juicio que se sigue contra el exmilitar uruguayo Jorge Troccoli, quien será juzgado por una víctima argentina del Plan Cóndor.