Jujuy: la Secretaría de Derechos Humanos presentó un habeas corpus para frenar la persecución a abogados y abogadas que defienden a personas detenidas en las protestas
La presentación busca resguardar su libertad ante el intento del gobierno provincial de detenerlos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus preventivo a favor de abogados y abogadas de Jujuy para resguardar su libertad ante el intento del gobierno provincial de detenerlos por defender a personas que fueron reprimidas y detenidas durante las protestas contra la reforma constitucional.
La presentación fue realizada ante la justicia federal de Jujuy a favor de Néstor Ariel Ruarte, Vicente Casas, Roberto Carlos Aleman y Alicia Chalabe. El pedido también incluye a Alberto Nallar, quien ya fue privado de su libertad y se desconoce su paradero.
Todos ellos son abogados matriculados, tanto en la jurisdicción provincial como federal, y han ejercido la defensa de numerosas personas que denunciaron haber sido criminalizadas por protestar y que enfrentan procesos contravencionales y penales en el marco del poder judicial de la Provincia de Jujuy.
Ruarte, además, integra el Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Desde el comienzo de la violenta represión a las protestas contra la reforma constitucional que impulsa el gobierno de Jujuy, la Secretaría realiza un monitoreo constante de la grave situación y ha recibido numerosas denuncias de violencia institucional por parte de la policía provincial y de persecución hacia quienes lo denunciaron.
La gravedad de los hechos motivó que el secretario Horacio Pietragalla Corti viajara en dos oportunidades a la provincia y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, manifestaran su preocupación.
En ese contexto, la Secretaría presentó una denuncia penal contra las autoridades del gobierno de Jujuy y se constituyó como querellante en la causa que investiga las responsabilidades de la represión en la provincia.