Una de las medidas tomadas a nivel mundial por la mayoría de los gobiernos nacionales para mitigar la propagación del COVID-19, fue el cierre de fronteras. Si bien se trata de una decisión acertada en términos preventivos y epidemiólogos, esta situación pone a priori, a la población migrante bajo serias condiciones de vulnerabilidad. Al impedirse el cruce fronterizo, muchas personas en tránsito se ven imposibilitadas de llegar a sus lugares de destino, de residencia, incluso de origen.

La población migrante, históricamente ha reclamado por protección y cumplimiento de sus derechos humanos e igualdad ante la ley. A un mundo acechado por una descomposición social progresiva producto de la aplicación de políticas neoliberales, se le suma la vulnerabilidad a que se las y los expone cuando frente a una situación de documentación irregular o provisoria se les restringe el acceso a derechos.

En esta coyuntura de crisis e incertidumbre, se acrecientan e intensifican las prácticas discriminatorias, racistas y xenófobas, instaladas en nuestra sociedad producto del individualismo, el desconocimiento y la negación del gran aporte económico y cultural que hacen los/as migrantes a las sociedades de destino.

Algunos/as gobernantes lejos de trabajar para erradicar y prevenir éstas prácticas arraigadas que atentan contra los derechos humanos, las reproducen acentuando los prejuicios discriminatorios en tiempos de pandemia.

En este marco, el área de Migrantes y Refugiados/as del INADI expresa su preocupación por los dichos del gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, al respecto de las migraciones fronterizas entre Salvador Mazza y Yacuiba.

Bolivia atraviesa un momento político de extrema gravedad desde hace varios meses, por esa razón desde el INADI apostamos por el principio de la no discriminación, la solidaridad y hermandad entre los pueblos.

Al coronavirus lo derrotamos entre todos, todas y todes.
Área Migrantes y Refugiados/as
Coordinación de Programas y Proyectos contra la Discriminación