“El virus viene de afuera”. Con frases como ésta, mientras en Argentina crecían los casos de dengue, el coronavirus apareció en principio como algo lejano, cosa de China o de Europa. Pero en un mundo globalizado, con casi 12 millones de personas viajando por día en aviones, difícil era pensar que no llegaría. Y llegó. A partir de la noticia de la primera persona en nuestro país que había contraído COVID-19, el fenómeno de la discriminación a personas por aspecto físico vinculado a rasgos étnicos racializados fue en aumento.

En un primer momento la discriminación por xenofobia y racismo afectó a personas con rasgos físicos asiáticos, debido al prejuicio de vincular el aspecto físico con el país donde aparentemente se originó la transmisión del virus. Así lo observamos en las denuncias que empezaron a las líneas de atención del INADI, así lo registraron los Observatorios del Instituto.

Claro que no se trata de una práctica discriminatoria vinculada únicamente a la pertenencia a un colectivo migrante, sino que revela un hecho de discriminación interseccional . Las personas con rasgos físicos asiáticos son discriminadas por la potencialidad de contraer o adquirir el virus a partir de un posible contacto con personas con COVID-19. La discriminación tiene como motivación principal la situación de salud de la persona. Esto da cuenta del fenómeno de la discriminación por motivos de salud que emergió en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Como dijimos en distintos informes previos del INADI, las prácticas sociales discriminatorias que surgen en el contexto del coronavirus se alimentan del desconocimiento, la difusión de noticias falsas y la reproducción de estereotipos estigmatizantes hacia colectivos y personas históricamente discriminadas. Es decir, a partir de la intereseccionalidad, refuerzan la discriminación ya instalada como práctica social en nuestro país.

El aumento de casos durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio

Con el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los actos discriminatorios se extendieron. Por un lado, el cierre de fronteras - tanto en nuestro país como en otros países de la región- propició la expulsión, discriminación y negación de acceso a derechos a personas que se encontraban como turistas y quedaron varadas, o hacia migrantes en situación irregular al momento de la declaración de la pandemia.

También la suspensión de muchas actividades económicas dejó en estado de vulnerabilidad a personas cuyo ingreso provenía de actividades no formales: cuentapropismo, changas, entre otras. Dichas situaciones fueron atendidas por el Estado a través de los subsidios y/o la intervención de organizaciones de la sociedad civil.

Desde el INADI acompañamos a través de articulaciones interinstitucionales en la provisión de alimentos, medicación, elementos de limpieza a colectivos vulnerabilizados; asesoramos en casos de incumplimiento de las normas sanitarias por parte de algunxs empleadores, y asistimos a personas en riesgo de ser desalojadas, entre muchas otras tareas que nos ocupan día a día.

Estigmatización social asociada al COVID-19

Con el pasar de lo días, las prácticas discriminatorias se extendieron hacia el personal médico o agentes de salud que se encuentran atendiendo en sus lugares de trabajos a personas que pueden tener COVID-19. Estos hechos se registraron en consorcios de edificios, barrios o comunidades pequeñas, donde en general se instó a que la persona se instale o resida en un lugar alejado.

Si bien como en los casos anteriores se discrimina por motivos de salud, esta vez las personas afectadas no necesariamente forman parte de colectivos históricamente vulnerados. Esta situación fue extendida a personas que realizan actividades exceptuadas o con permiso de circulación.

Con el aumento del registro de personas con COVID-19 y por lo tanto el riesgo científicamente comprobado que eso constituye para la población producto de formas de contagio comunitarias, las prácticas discriminatorias se extendieron a personas que podrían tener COVID-19, las personas en tratamiento, y las familias y convivientes de personas que murieron tras contraer la COVID-19.

Estas prácticas discriminatorias generan estigmatización social asociada al COVID-19 afectando negativamente a los lazos sociales y establecen una distinción entre personas “sanas” y “afectadas” que exacerba la angustia, la confrontación y la violencia en el contexto de una situación inesperada de crisis sanitaria y social. Situaciones de este tipo fueron padecidas por familias que sufrieron escraches, amenazas e intentos de incendio o apedreo de sus hogares.

Desde el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo bregamos por el respeto a las personas y la garantía de sus derechos indistintamente de su origen, rasgos físicos, padecimiento, condición de clase, género o situación de salud, ya que abogamos por una sociedad plural y diversa entendiendo que todxs somos iguales ante las leyes y diferentes en cuanto a nuestra diversidad cultural.

En este sentido, entendemos que, tal como señalamos más arriba, la discriminación se acentúa a partir de la interseccionalidad. Por esa razón, desde la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación construimos una guía con una serie de recursos para migrantes y refugiadxs, uno de los colectivos que en situación de empobrecimiento enfrenta una situación crítica en contexto de COVID-19 , de modo de acompañarlxs en el acceso a derechos.

Referencias bibliográficas:
• Crenshaw, Kimberlé. 2002. Documento para o encontró de especialistas en aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista de estudos feministas, 1: 78-99.
• Crenshaw, Kimberlé. 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. Chicago: University of Chicago Legal Forum.