Este acuerdo se refiere, concretamente, a la delimitación y demarcación de la propiedad comunitaria indígena, a través del diálogo intercultural, y al acceso al agua para consumo humano de la población indígena y para consumo humano y producción en la zona de relocalización de las familias campesinas. Incluye importantes compromisos asumidos por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Unidad Ejecutora y la Provincia de Salta.

La Corte IDH reconoció que “este acuerdo es resultado del trabajo conjunto que han mantenido (las partes) desde la puesta en marcha de la Unidad Ejecutora… creada en agosto de 2021… para la coordinación de las distintas acciones que demandará el cumplimiento íntegro de las reparaciones dispuestas en este caso”. Asimismo, la Corte IDH destacó que “el acuerdo guarda relación con la ejecución de las medidas ordenadas en los puntos resolutivos séptimo, noveno y décimo primero de la Sentencia”, y por ese motivo lo homologó.

Finalmente, la Corte indicó que “valora positivamente que el Estado y la representación de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honat hayan mantenido un diálogo que les permitiera llegar” a este acuerdo, y que su contenido “haya sido sometido a ‘consulta previa, libre e informada [… para que] refleje la voluntad de todas las víctimas del caso’”.

Desde su creación en agosto de 2021, la Unidad Ejecutora desarrolla una tarea de articulación con las comunidades víctimas, las familias criollas y más de veinte organismos nacionales y provinciales, con el objetivo de gestionar políticas públicas orientadas a cumplir con el fallo en el marco de un “Plan de Trabajo y Acción” que será presentado al tribunal en las próximas semanas. Se trata de la primera sentencia de la Corte IDH sobre los pueblos indígenas de la República Argentina, y constituye una invitación para construir institucionalidad con perspectiva intercultural.

Accedé a la resolución en este link