Todas las personas –niñas, niños, adolescentes y adultos o adultas– podemos transitar situaciones de padecimiento mental. Estas situaciones pueden presentarse como transitorias o duraderas, variando en su presentación y contexto, y requerir diversos dispositivos o estrategias de acompañamiento, cuidado y atención. En el escenario actual, la pandemia tiene un fuerte impacto en lo social y en lo económico, así como en la subjetividad y la salud mental de la sociedad. Esto genera angustia, impotencia e incertidumbre, y plantea grandes desafíos ligados a la situación de aislamiento social.

Hoy, la pandemia resignifica la importancia del acceso al derecho a la salud y a la salud mental sin discriminación, poniendo el foco en el sistema de salud. En nuestro país, nos encuentra a casi diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657 (sancionada en el 2010 y reglamentada a través del Decreto Presidencial 603/2013), que –junto con la aprobación del Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018 (Resolución 2177/2013, Ministerio de Salud de la Nación) – configuró un nuevo escenario en el campo de la salud mental de nuestro país.

Esta ley constituye un paso muy importante hacia un cambio de paradigma, ya que garantiza el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional (artículo 1). Es una ley que avanza en adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional en nuestro país desde 1994, y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008 y con jerarquía constitucional desde 2014.

Retoma las luchas históricas de los colectivos por la salud mental y los derechos humanos, resignifica el escenario de la salud mental y abre paso a un proceso de transformación que convoca a la sociedad a repensar colectivamente las políticas, representaciones y prácticas.

Asimismo, se enmarca en el concepto del derecho a la salud y define a la salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona” (artículo 3).

Sin embargo, las políticas neoliberales implementadas por el anterior gobierno no solo redefinieron las relaciones entre Estado y Sociedad, sino que promovieron formas de exclusión y desigualdad que implicaron la negación y restricción en el acceso a derechos, dentro de los cuales el acceso a la salud mental no ha sido la excepción.

Ese gran retroceso llevó a que las situaciones de padecimiento mental continúen siendo invisibilizadas, subestimadas o estigmatizadas como peligrosas e irrecuperables, vulnerando gravemente el acceso y ejercicio de derechos. Cabe destacar que las prácticas discriminatorias pasan a ser parte significativa del padecimiento en salud mental, ya que al rotular a las personas favorecen la segregación y la exclusión, en lugar de propiciar y profundizar lazos sociales y afectivos en el trabajo y en la comunidad.

Desde el Estado, es una prioridad actual dar impulso a políticas que favorezcan el acceso pleno al derecho a la salud mental, así como la protección de los derechos de las personas con padecimiento mental o discapacidad psicosocial, tanto las que están viviendo en sus casas como las que continúan en situación de encierro. Por un lado, fortaleciendo el sistema de salud, sus equipos, recursos y estrategias, para garantizar una red de salud mental basada en la comunidad con servicios universales, integrales y de calidad, con el fin atender las demandas. Por otro, definiendo e implementando políticas y acciones intersectoriales (sociales, económicas, laborales, educativas, entre otras) que favorezcan la inclusión plena de las niñas, los niños, jóvenes y adultas/os con padecimiento mental. No solo para garantizar un abordaje integral sino también para construir una subjetividad colectiva significativamente inclusiva y cada vez menos discriminatoria.

En el Día Mundial de la Salud Mental, el INADI reitera el compromiso de continuar trabajando en pos de la igualdad y la no discriminación en el acceso al derecho a la salud mental para todas las personas, particularmente aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas con padecimiento mental o discapacidad psicosocial. Aunando así, acciones desde el Estado Nacional y las diferentes jurisdicciones con el fin de retomar el proceso de transformación política, social y cultura, con perspectiva de derechos humanos y no discriminación en el campo de la salud mental, y avanzar en la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657, el cierre de manicomios y el fortalecimiento de la Red de Salud Mental basada en la comunidad y en la inclusión plena de todas las personas.