Argentina participa de la reunión regional por la información y la participación ambiental
El encuentro se desarrolla en San José de Costa Rica hasta el 4 de marzo y congrega a 24 de América Latina y el Caribe.
En representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, la subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges, participa como representante de la delegación argentina de la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El encuentro, que comenzó hoy, se desarrolla en San José de Costa Rica hasta el 4 de marzo y congrega a 24 países de la región.
Allí, se busca lograr consensos para implementar en América Latina y el Caribe los derechos consagrados por el principio 10, en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Mediante dicho acuerdo, los Estados de todo el mundo se comprometieron a promover el acceso a la información, fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones que le afectan y facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
En Argentina, la Ley General del Ambiente N.º 25675 y la Ley N.º 25831 garantizan el acceso a la información pública ambiental, a la participación pública y proveen herramientas para la implementación del acceso a la justicia ambiental.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente trabaja en conjunto con la cartera de Justicia y Derechos Humanos en la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal. En este sentido se propone incorporar al cuerpo normativo penal un título referido a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, buscando articular un proceso de tipificación, con criterios unificados y posturas consensuadas sobre qué rol debe cumplir el derecho penal en la protección del ambiente.
En ese sentido, Duverges señaló: “Como máxima autoridad ambiental a nivel nacional, realizamos aportes en este Código Penal con un título referido a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. En el marco, se establecieron líneas de trabajo para contribuir con el desarrollo de la justicia ambiental tales como realizar capacitaciones a jueces y fiscales, prestar colaboración y asistencia en investigaciones, contribuir a generar una base de datos integradas y colaborar en la reforma de marcos normativos”.
“Estamos en pleno convencimiento de que en una gestión respetuosa del ciudadano se debe empoderar su rol para la protección del ambiente. En este sentido, el Estado debe proveer las herramientas para que ese ciudadano sea capaz de ejercer sus derechos y sus deberes”, aseguró la subsecretaria en su exposición en la Conferencia.
El mencionado principio 10 establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.