La Secretaría de Derechos Humanos llevó adelante la señalización del Cementerio Municipal de Boulogne junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro.

De la jornada participó el secretario Horacio Pietragalla Corti junto con familiares, integrantes de organismos de derechos humanos, estudiantes de escuelas secundarias del Municipio de San Isidro, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, así como el subsecretario de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; la senadora provincial María Teresa García y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Durante el acto, Pietragalla Corti relató que en ese lugar fue enterrada clandestinamente su madre, Liliana Corti, y destacó “la rebeldía” de los familiares, vecinos y trabajadores del cementerio para poder aportar información para identificar los restos y “romper con esos años de impunidad y con el ocultamiento que quiso llevar adelante la dictadura cívico-militar”. “Vamos a seguir trabajando para consolidar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, para que no haya impunidad y para seguir condenando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado”, sostuvo.

Según documentación obrante en el Archivo Nacional de la Memoria y en la Justicia federal, hasta la fecha pudieron ser identificadas judicial y administrativamente al menos veinticinco víctimas. Las fuerzas represivas también habían simulado el enterramiento de una bebé de 6 meses para apropiársela. Ella continúa desaparecida.

En la mayoría de los casos los asesinatos ocurrieron durante falsos enfrentamientos en la vía pública o en domicilios particulares. Algunas víctimas habían sido vistas en los centros clandestinos de detención “El Campito”, “El Vesubio” y Comisaría 5ª de La Plata –de la provincia de Buenos Aires–, entre otros.
La mayoría de los cuerpos de las personas asesinadas fueron inhumados como NN en este cementerio entre 1976 y 1977, a pesar de que en algunos casos fueron identificados al momento de su muerte. Con la recuperación de la democracia, sus familiares recurrieron a la Justicia y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que realizó en 1984 su primera excavación arqueológica en este lugar, y continúan en la actualidad con el trabajo de recuperación e identificación de los restos óseos inhumados ilegalmente aquí. Por su parte, familiares y Abuelas de Plaza de Mayo continúan buscando la identidad de la bebé apropiada.

La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691 y la Ley Provincial N° 13.584, los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.

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