En la quinta edición de la colección Repertorios, la Secretaría de Derechos Humanos aborda una problemática de creciente preocupación en los últimos años a nivel regional y mundial. Los discursos de odio que alimentan el accionar de los movimientos de extrema derecha e impulsan el ascenso de los partidos políticos que los representan constituyen un problema esencial que amenaza a la democracia tal y como la defendemos hace 40 años.

En Argentina, la lucha incansable del movimiento de derechos humanos y, posteriormente, las políticas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, lograron avanzar en la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado y ampliar los derechos de importantes sectores de la sociedad. Eso ha hecho que nuestro país, a lo largo de los años, sea considerado ejemplo en el mundo en esta materia. Supimos construir un acuerdo prácticamente indiscutido: la democracia es el mejor sistema posible para promover la equidad, la igualdad y el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia.

Estos discursos, con la excusa la libertad de expresión, individual o de mercado, intentan debilitar y discutir estos pilares, poniendo en realidad en riesgo los logros alcanzados en estos años y a la población en su conjunto. Hace 40 años las dictaduras se encargaron de generar mayor desigualdad en nuestra región implantando el neoliberalismo y el disciplinamiento a través del terror.

Hoy, quienes niegan esa caracterización son los mismos que sostienen discursos de odio y alientan estos grupos, demostrando así que la estrategia cambió pero que el objetivo es el mismo. Los movimientos de extrema derecha degradan institucionalmente la democracia cuando distorsionan los procedimientos del Estado de derecho para privilegiar a los poderes económico y judicial, pero sobre todo la vulneran cuando atacan derechos que son producto de conquistas históricas y deben ser garantizados por el Estado.

El mayor problema de estas prácticas no es lo que dicen, es que se traducen con el tiempo en violencia social y política de maneras cada vez más intensas. Violencia social porque alientan lógicas que avalan la “justicia por mano propia”, la violencia institucional y la discriminación, dejando expuestos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Violencia política porque, junto con otras prácticas como el lawfare y la colaboración de los medios de comunicación y grupos económicos concentrados, llegan incluso a atacar a organizaciones y referentes populares que les resultan una amenaza, siendo el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022 el caso más grave que vivimos en Argentina en los últimos años.

Este número, como todos los de la colección, trae a la mesa uno de los temas que consideramos urgente abordar hoy. Este año cumplimos 40 años del proceso democrático más largo que tuvimos como país: nuestra tarea es, entonces, alertar y debatir sobre los problemas que amenazan y violentan aquello que logramos construir y nuestra responsabilidad es reafirmar los pilares de justicia y respeto por el otro que permitan impedir definitivamente que la ruptura del pacto democrático que estos grupos pretenden instalar nos vuelvan a poner en peligro a todos y todas.